Comentario

Hubo dos medidas que, además de subvertir los principios de la agricultura en el Antiguo Régimen, serán claves para las transformaciones a medio plazo de la agricultura. Se trata de la desamortización y la desvinculación.
La desamortización española tiene una larga cronología que abarca desde 1769 hasta 1924. Este proceso se puede dividir en períodos, bastante bien delimitados, que corresponden a fases con matices diferenciales y que en el reinado de Isabel II tuvo dos de sus principales etapas.

La Desamortización de Mendizábal y Espartero entre 1834 y 1854 fue sobre todo una desamortización eclesiástica que comienza con las leyes y decretos de disolución de órdenes religiosas (a partir de 1834) y la declaración como bienes nacionales de sus posesiones, que es seguida por la orden de enajenación de éstas (1836-1837) mediante públicas subastas. La misma suerte correrán los bienes del clero secular, que, sin embargo, no se hizo efectiva hasta la ley de septiembre de 1841, ya bajo Espartero. Igualmente se suman a la desamortización las propiedades de las órdenes militares.

Durante la Década Moderada (1844-1854) estas leyes fueron suprimidas o atenuadas, especialmente con el Concordato de 1851, año a partir del cual sólo se siguen subastando bienes de órdenes militares y algunos otros marginales hasta que, después de la Revolución de 1854, se prohíben por completo las ventas de cualquier bien nacional en espera del estudio de una nueva legislación que, por entonces, inició Madoz y que será efectiva a partir de 1855, abriendo una nueva y larga etapa desamortizadora.

En cuanto a la desamortización civil, en 1834 se autoriza a los ayuntamientos a la venta de sus bienes raíces (bienes de propios), condicionando el uso de los ingresos percibidos por este concepto. Además, en 1837, se ratifican todas las desamortizaciones de bienes civiles -incluidos los repartimientos con un canon anual- que se han efectuado desde 1770, asegurando en su propiedad a los nuevos poseedores.

La etapa 1834-1854 es, sin duda, la que más investigadores ha atraído especialmente con estudios de carácter local y provincial, que he analizado pormenorizadamente en otro trabajo (Rueda, 1976).

A efectos de valoración, conviene recordar que esta etapa desamortizadora es la más importante en cuanto a ventas de bienes eclesiásticos que alcanzaron en las subastas un valor en torno a los cinco mil reales. No están evaluados -y muy poco estudiadas las consecuencias de su venta- los bienes civiles enajenados en esta época.

La Ley Desamortizadora de Pascual Madoz de 1855, afectó a los bienes municipales, del clero, instrucción pública, beneficencia y de la Corona y estuvo vigente hasta 1924 con tres fases: 1855-1856, 1858-1897 y 1896-1924.

La primera (1855-1856), la más activa e importante, aunque sólo estuvo vigente en poco más de un año del Bienio Progresista, prácticamente terminó de desamortizar los bienes de origen eclesiástico y afectó a buena parte de los municipales y otros de origen civil. Desde septiembre de 1856 se produjo un parón en la subasta de los bienes del clero hasta que se llegó a un acuerdo con la Iglesia (1857). En todo caso, la desamortización, que continuaba a la de Mendizábal y Espartero, se podía dar por concluida, aunque se siguieron vendiendo algunas fincas desde 1861, si bien con un acuerdo previo.

Respecto a los montes municipales (los denominados de propios), los de las entidades de beneficencia y enseñanza más otros que se añadieron, se suspendieron la ventas en octubre de 1856 y se continuaron desde octubre de 1858. La extensión de las tierras que cambiaron de propietario se cifra en millones de hectáreas, las fincas en cientos de miles y los beneficiarios en decenas de miles. De hecho, esta desamortización, por el tipo de tierras puestas en venta y la forma de hacer las subastas, fue la que permitió distribuir más las propiedades, que fueron adquiridas en mayor proporción que en las etapas anteriores por medianos y pequeños labradores, aunque los hacendados rurales y urbanos siguieron siendo los principales compradores considerados individualmente.

De las múltiples consecuencias de la desamortización he señalado algunas al estudiar la sociedad. Ahora me voy a referir a algunos de sus efectos en la economía.

Está claro que tantos políticos y a lo largo de tan extenso tiempo no querían todos lo mismo. Pero, en mayor o menor proporción, coinciden en un punto: El deseo de obtener unos ingresos para disminuir la deuda pública, bien aceptando los títulos como forma de pago, bien dedicando parte del dinero en metálico para comprar títulos del mercado y hacerlos desaparecer. Además, parte del dinero metálico obtenido con la desamortización y los nuevos créditos que se negociaron, se dedicaron a sufragar los gastos extraordinarios, especialmente de la primera guerra carlista. Por su parte, los ayuntamientos se quedaron con parte de los ingresos -no todos fueron a parar a la Administración central- para acometer obras públicas esenciales para muchas ciudades y pueblos. La Hacienda nacional aumentó paulatinamente los ingresos fiscales ordinarios a través de la carga impositiva de los bienes desamortizados, por los que anteriormente sus propietarios tributaban en poca o en ninguna medida.

En todo caso, éstas no son las principales consecuencias económicas de la desamortización que afectaron a la extensión de los cultivos, como veremos más tarde.

Al sur del Tajo y Segura, en la zona meridional, la desamortización mantendrá o incluso acentuará la concentración de la propiedad, dando lugar en ocasiones a un nuevo latifundismo; paralelamente, en algunas regiones se puede hablar de proletarización del campesinado (entendido como jornaleros, braceros o criados permanentes). Esto, cuando no hay un desarrollo industrial simultáneo, como es el caso de la España del sur, produce un estancamiento, pues los campesinos proletarizados permanecen en el campo como mano de obra barata.

En la zona septentrional, tierras de predominio de explotaciones medias y pequeñas, la desamortización potencia este tipo de estructura. Muchas de las explotaciones de labradores que hasta entonces se basaban fundamentalmente en el arriendo, van a pasar a ser explotaciones basadas en la propiedad de las tierras. No todas las consecuencias de la desamortización hay que buscarlas a corto plazo. En este sentido, buena parte de las mejoras técnicas y la creación de explotaciones modernas van a tener lugar en el siglo XX, especialmente desde finales de los años cincuenta. Muchos cambios tendrán que llevarse a cabo para que se ponga en marcha este tipo de economía agraria (industrialización del entorno, regadíos, cambio del sistema crediticio, electrificación, creación de una mejor red de comunicaciones y canales de comercialización, concentración parcelaria, importación de maquinaria agrícola... etc.). Pero todo ello se puede poner en marcha rápida y eficazmente por las transformaciones en el sistema de propiedad desde finales del siglo XVIII y en las que la desamortización juega un papel decisivo. Vista la historia como un proceso de larga duración, las consecuencias de un fenómeno a medio o largo plazo adquieren una dimensión mucho mayor.